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LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En fecha 3 de septiembre de 2021 ha entrado en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Si bien esta Ley se aplica a personas con discapacidad de todas las edades, nos vamos a centrar en la incidencia que tiene la Ley 8/2021 en la Tercera Edad, por cuanto que éste sector de la población es más susceptible de requerir medidas de apoyo en el ámbito personal y patrimonial.

Tras la reforma legal ya no se contempla la Tutela, como medida de protección de los mayores de edad. Ahora se establece la curatela como medida de apoyo de los Mayores. El establecimiento de la curatela y el nombramiento de Curador deben ser solicitados a la autoridad judicial.

Cuando exista un conflicto de intereses entre el curador y la persona a la que presta apoyo, el Letrado de la Administración de Justicia nombrará un defensor judicial que lo sustituya.

El curador con facultades representativas estará obligado a hacer inventario del patrimonio de la persona en cuyo favor se ha establecido el apoyo dentro del plazo de sesenta días, a contar desde aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo. El letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar el plazo indicado si concurriere causa para ello.

El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa el apoyo, necesita autorización judicial para los actos que determine la resolución judicial y, en todo caso, para los siguientes:

1.º Realizar actos de transcendencia personal o familiar cuando la persona afectada no pueda hacerlo por sí misma.

 

2.º Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes o derechos de especial significado personal o familiar, bienes muebles de extraordinario valor, objetos preciosos y valores mobiliarios no cotizados en mercados oficiales de la persona con medidas de apoyo, dar inmuebles en arrendamiento por término inicial que exceda de seis años, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.

 

3.º Disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona con medidas de apoyo, salvo los que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar.

 

4.º Renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones relativas a los intereses de la persona cuya curatela ostenta, salvo que sean de escasa relevancia económica. No se precisará la autorización judicial para el arbitraje de consumo.

 

5.º Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o repudiar esta o las liberalidades.

 

6.º Hacer gastos extraordinarios en los bienes de la persona a la que presta apoyo.

 

7.º Interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía. No será precisa la autorización judicial cuando la persona con discapacidad inste la revisión de la resolución judicial en que previamente se le hubiesen determinado los apoyos.

 

8.º Dar y tomar dinero a préstamo y prestar aval o fianza.

 

9.º Celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos, cuando estos requieran de inversiones o aportaciones de cuantía extraordinaria.

 

La partición de herencia o la división de cosa común realizada por el curador representativo,  requerirán aprobación judicial. Si hubiese sido nombrado un defensor judicial para la partición deberá obtener también la aprobación judicial, salvo que se hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.

 

El curador, sin perjuicio de la obligación de rendición periódica de cuentas que en su caso le haya impuesto la autoridad judicial, al cesar en sus funciones deberá rendir ante ella la cuenta general justificada de su administración en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.

 

No dude en contactar para obtener mayor información y asistencia jurídica en todos los trámites relativos a la Curatela: Establecimiento de la curatela y nombramiento de tutor, obtención de autorización/aprobación judicial para realizar los actos de disposición de bienes de la persona con discapacidad, y cuantos otros prevé la Ley, realización de inventario y presentación judicial del mimo, presentación de cuentas y rendición de cuentas.